Desde 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas, lo que evidencia el fracaso colectivo que como sociedad, la vigencia del machismo y la desigualdad/subordinación de las mujeres en pleno siglo XXI. Y esta desigualdad es una injusticia social que esta mediada por los referentes culturales que todavía determinan nuestras normas de convivencia.
El machismo, el micromachismo está todavía muy presente en nuestra sociedad patriarcal. Se siguen banalizando las cuestiones relativas a la desigualdad entre mujeres y hombres porque siguen vigentes los mitos sobre la violencia machista, que son definidos como creencias estereotípicas sobre dicha violencia, falsas, pero sostenidas de forma amplia y persistente: se siguen considerando casos excepcionales (marginalidad), se siguen poniendo el acento sobre el maltratador concreto presentándole como un enfermo (y no sobre la lógica machista imperante), y se pretende presentar a las mujeres como igual de violentas que ellos, aunque utilicen otras armas.
Incluso la vicepresidenta del Gobierno, en el fondo, responsabiliza a las mujeres maltratadas cuando dice aquello de “no consintáis que os miren el teléfono móvil” ¿Soportaría nuestra sociedad que fueran individuos de otro colectivo los que fueran asesinados en el mismo número que las mujeres asesinadas a manos de hombres? No sería soportable y no puede ser soportable: es un problema social universal y una violación de los derechos humanos. Administraciones públicas, organizaciones políticas y sociales, deben colocar esta cuestión como eje vertebrador de una nueva sociedad libre de violencia machista.
Apostamos por la prevención como una política prioritaria, lo que algunos aún no tienen muy claro. Debe existir una actuación conjunta y coordinada entre todas las administraciones, en estrecha colaboración con las asociaciones y grupos de la sociedad civil, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación o la producción cultural.
Propuestas concretas de UP-IU:
• Creación de unidades específicas de violencia machista, haciendo hincapié en incluir a parejas homosexuales. Atención integral y de calidad y con un alto nivel de coordinación entre los distintos agentes, atención primaria, servicios sociales, unidades psicológicas y psiquiátricas. Es fundamental la prevención, la escucha y la empatía, además de buscar soluciones a los problemas más allá de la medicalización.
• La sanidad pública deberá dotarse de presupuestos suficientes para la formación y sensibilización continuada en materia de violencia machista de los profesionales de salud.
• El sistema sanitario público debe supervisar que en los informes aportados por psiquiatras ante los tribunales, en caso de litigio de las víctimas de violencia, se refleje la realidad de los sufrimientos de la misma y su causa (la violencia) y que no se contemple su caso como una enfermedad mental más, quedando la mujer en
situación de desprotección perjudicándole en el proceso (creación de un protocolo preventivo por sanidad para que la víctima no se sienta desprotegida por profesionales de la justicia).
• Ampliar el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a todas las formas de violencia machista de modo que se atienda a todas los tipos de violencia que define como tales el artículo 2 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de Naciones Unidad.
• Denegar el derecho de visita sin supervisión a padres denunciados por violencia de género.
• Derogar el Real Decreto-Ley 16/2012, que priva a las mujeres migrantes del acceso a la detección sanitaria de la violencia de género.
• Crear un observatorio de maltrato institucional que visibilice las relaciones de poder que se mantienen y ejercen desde las instituciones y que incida además sobre la capacitación y sensibilización de los agentes implicados con personas en situaciones de máxima vulnerabilidad: cuerpos de seguridad del estado, Justicia…
• Evaluar exhaustiva de la acción judicial y de la presencia y mantenimiento de actitudes machistas. Elaborar una propuesta para modificar e intervenir en las situaciones en que se dé un claro sesgo de género.
• Clarificar las agresiones sexistas dentro del Código penal y formar a la policía nacional en la creación de espacios seguros (identificación y refuerzo de los espacios públicos para mejorar la sensación de seguridad).
• Regular y garantizar medidas para impedir la ablación de las niñas.
• Presionar diplomáticamente y de forma real a los países que mantienen la violación de los derechos de las mujeres.
• Prohibir los anuncios y publicidad de prostitución, que convierten a la mujer en mercancía, facilitan la proliferación de mafias, reflejan una imagen degradante.
Mientras se consolida esta medida, debemos partir de la eliminación de la publicidad institucional de los medios que se beneficien de los llamados “anuncios de contactos”.
• Asignar una dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas desatinados a la prevención, sensibilización, actuación contra la Violencia de Género. Estos fondos tendrán que ser destinados para actuaciones
directas y estructurales.
• Elaborar una Ley integral contra la trata con perspectiva de género y definición de la trata conforme a las normas internacionales con un enfoque integral de la explotación sexual (con programas de atención, salida laboral y medidas sociales
para personas prostituidas).
• Desarrollar medidas para prevenir, identificar y actuar ante situaciones de trata con fines de explotación laboral como puede ser el caso de mujeres internas que se encuentran en situación de vulnerabilidad máxima.
• Aplicar el Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica)
• Reconocer como víctimas de violencia machista las mujeres víctimas de prostitución entendida como explotación sexual, habiendo casos equiparables a los de trata y tráfico de personas.
• Prohibición del proxenetismo
• Desarrollo de políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y su concepción como objetos sexuales para fomentar relaciones libres y desmercantilizadas.
• No se penalizará a quienes ejercen la prostitución y se actuará con medidas económicas para su integración, teniendo como meta la abolición de la prostitución.
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