El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado que “es el conjunto de trabajadores de nuestro país el que debería estar en ‘estado de alerta permanente’ ante las continuas medidas de recorte y la política neoliberal que está ejecutando el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se han apoderado y penetrado en las esencias mismas del PSOE”.
“Esta ‘alerta permanente’ de los trabajadores –ha indicado- no tiene nada que ver con los motivos dados por el Gobierno para este tipo de ‘estado’ debido al conflicto generado por los controladores, sino con las reiteradas medidas del Ejecutivo socialista que hacen recaer el peso de la salida de la crisis sobre la espalda de parados, trabajadores o pensionistas, y que se traducen en desahucios de las viviendas de los más desfavorecidos, el abaratamiento del despido y el notable aumento del desempleo”.
Para el coordinador federal de IU, “el Gobierno sigue legislando bajo el dictado de los mercados y de los intereses de los grandes capitales de nuestro país, sin importarle la suerte que puedan correr cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no perciben ningún tipo de ingreso”.
Cayo Lara lanza una clara advertencia: “La próxima reforma del sistema de pensiones, a no ser que la movilización y el rechazo de los trabajadores sea capaz de frenarla, intensifica la dureza del ataque contra sus derechos y significa una ruptura unilateral del Gobierno del contrato social, solamente para beneficiar las cuentas de resultados del sector financiero y, en especial, de los grandes bancos y sus fondos privados de pensiones”.
Lara trasladó también hoy el “total apoyo de nuestra organización a las movilizaciones presentes y futuras de los sindicatos”, al tiempo que criticó con dureza la convalidación por el Congreso –con los únicos votos de PSOE, PNV y Coalición Canaria- del decreto ley con el último paquete de recortes y privatizaciones del Gobierno socialista, así como que se haya impedido su tramitación como proyecto de ley y permitir un debate más profundo y la posible introducción de las mejoras.
Según el máximo responsable de IU, “eliminar la ayuda de los 426 euros a los parados sin otra prestación añadirá más dramatismo a la ya de por sí desesperada situación que arrastran cientos de miles de ciudadanos y familias, que llevan más de dos años en paro y sin perspectivas de encontrar trabajo, y a los que ahora que les arranca uno de los pocos salvavidas que les quedaba”.
En su opinión, “este decreto sólo sirve para consolidar los recortes contra los derechos de los trabajadores que el Gobierno ha buscado poner en marcha en los últimos meses, así como para ofrecer más miseria a los parados y más beneficios a las grandes compañías. Las pequeñas y medianas empresas, junto con los autónomos, apenas se verán favorecidas mientras que, por el contrario, la extensión de la libertad de amortización aprobada para todas beneficia en especial a las grandes y disminuirá la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, ya de por si bastante baja”.
“El Gobierno no parece darse cuenta -aseguró- de que lo que necesitan las pymes y los autónomos es que se recupere la demanda y el acceso al crédito para poder incidir en la actividad económica y el empleo. En este contexto eliminar la obligatoriedad de la cuota cameral parece un sarcasmo y la supresión de los requisitos para poner en marcha empresas puede introducir los aspectos más regresivos de la Directiva de Servicios de la Unión Europea”.
Lara entiende, por último, que la privatización de empresas públicas como AENA y la ONLAE “sólo representa un incremento de la debilidad del Estado frente al capital privado. En unos meses veremos quién participa en estas adjudicaciones y podremos repasar si no está entre los participantes o sus socios en la reciente reunión de Rodríguez Zapatero en La Moncloa con los 37 mayores empresarios”.
Para el coordinador federal de IU, “el Gobierno sigue legislando bajo el dictado de los mercados y de los intereses de los grandes capitales de nuestro país, sin importarle la suerte que puedan correr cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no perciben ningún tipo de ingreso”.
Cayo Lara lanza una clara advertencia: “La próxima reforma del sistema de pensiones, a no ser que la movilización y el rechazo de los trabajadores sea capaz de frenarla, intensifica la dureza del ataque contra sus derechos y significa una ruptura unilateral del Gobierno del contrato social, solamente para beneficiar las cuentas de resultados del sector financiero y, en especial, de los grandes bancos y sus fondos privados de pensiones”.
Lara trasladó también hoy el “total apoyo de nuestra organización a las movilizaciones presentes y futuras de los sindicatos”, al tiempo que criticó con dureza la convalidación por el Congreso –con los únicos votos de PSOE, PNV y Coalición Canaria- del decreto ley con el último paquete de recortes y privatizaciones del Gobierno socialista, así como que se haya impedido su tramitación como proyecto de ley y permitir un debate más profundo y la posible introducción de las mejoras.
Según el máximo responsable de IU, “eliminar la ayuda de los 426 euros a los parados sin otra prestación añadirá más dramatismo a la ya de por sí desesperada situación que arrastran cientos de miles de ciudadanos y familias, que llevan más de dos años en paro y sin perspectivas de encontrar trabajo, y a los que ahora que les arranca uno de los pocos salvavidas que les quedaba”.
En su opinión, “este decreto sólo sirve para consolidar los recortes contra los derechos de los trabajadores que el Gobierno ha buscado poner en marcha en los últimos meses, así como para ofrecer más miseria a los parados y más beneficios a las grandes compañías. Las pequeñas y medianas empresas, junto con los autónomos, apenas se verán favorecidas mientras que, por el contrario, la extensión de la libertad de amortización aprobada para todas beneficia en especial a las grandes y disminuirá la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, ya de por si bastante baja”.
“El Gobierno no parece darse cuenta -aseguró- de que lo que necesitan las pymes y los autónomos es que se recupere la demanda y el acceso al crédito para poder incidir en la actividad económica y el empleo. En este contexto eliminar la obligatoriedad de la cuota cameral parece un sarcasmo y la supresión de los requisitos para poner en marcha empresas puede introducir los aspectos más regresivos de la Directiva de Servicios de la Unión Europea”.
Lara entiende, por último, que la privatización de empresas públicas como AENA y la ONLAE “sólo representa un incremento de la debilidad del Estado frente al capital privado. En unos meses veremos quién participa en estas adjudicaciones y podremos repasar si no está entre los participantes o sus socios en la reciente reunión de Rodríguez Zapatero en La Moncloa con los 37 mayores empresarios”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario