Cayo Lara presenta un plan global dirigido a los más perjudicados por la crisis
El coordinador federal, Cayo Lara, acompañado de su secretario de Economía, José Antonio García Rubio, ha presentado su plan global de "iniciativa social" frente al desempleo y las consecuencias de la recesión.
El coordinador federal, Cayo Lara, acompañado de su secretario de Economía, José Antonio García Rubio, ha presentado su plan global de "iniciativa social" frente al desempleo y las consecuencias de la recesión.
Una de las propuestas que recoge este plan es la regulación de la dación en pago. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello dé por cancelada por completo su deuda. Es una fórmula que ya existe en Francia y EEUU, y se conoce como efecto sonajero.
Según Cayo Lara, "es insultante que un embargado pague más deuda", subraya Lara
Hoy en España, cuando una persona no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Pero el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. Y ha de pagarla, al igual que los intereses. De lo contrario, el banco retendrá el resto de bienes disponibles. Así, el drama de una familia que ha perdido su piso se prolonga aún más. Una situación "insultante" que Lara exige al Gobierno que ataje.
IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido". Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito. Además, la federación demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.
Hacia los 100.000 desahucios
Lara se apoyó en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que computó 51.975 ejecuciones hipotecarias de enero a junio de 2010, lo que hace suponer que la cifra llegará a los 100.000 en diciembre. De hecho, 2009 se cerró con 93.319 solicitudes de embargo, un 59% más que en 2008.
IU plantea otras medidas para "asegurar el derecho a la vivienda" que, como recordó el coordinador, consigna la Constitución en su artículo 47. Reclama que la fiscalía se persone en las causas de desahucio por impago de hipotecas cuando los afectados aporten indicios de irregularidades en los contratos hipotecarios. Para la federación, los jueces deberían actuar de oficio si observan fraudes en los mismos. Lara exige asimismo que se suspenda el embargo cuando "al menos uno de los miembros de la unidad familiar" esté sin trabajo.
Parados de larga duración
El plan de IU también busca combatir el paro de larga duración. Lara volvió a servirse de las cifras como muletas: según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2010, 1.970.300 ciudadanos llevan más de un año sin trabajo. De ellos, 834.400 acumulan 24 meses o más sin empleo.
El coordinador señaló que, como medida coyuntural, debería prorrogarse la ayuda de 426 euros para los que no tienen ya ninguna prestación. Mientras, debería ponerse en marcha un plan para que los parados trabajen en los ayuntamientos en tareas administrativas, de cuidado y vigilancia, de servicios a la comunidad, de mejora del habitat urbano o de reforma y mantenimiento de los servicios públicos, y al mismo tiempo reciban cursos de reciclaje. Cobrarían 700 euros durante seis meses. Supondría una inversión de 600 millones de euros por cada 100.000 plazas, pero IU calcula que retornarían a las arcas del Estado 220 millones en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Además, se liberarían 255 millones del programa de los 426 euros (PRODI).
"Queremos mostrar que son medidas menos costosas de lo que dice la derecha y son rentables fiscalmente", defendió Lara. Es decir, que IU tira de gasto, pero también vigila los ingresos.
JUANMA ROMERO / MADRID / DIARIO PÚBLICO - 06/11/2010
Hoy en España, cuando una persona no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Pero el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. Y ha de pagarla, al igual que los intereses. De lo contrario, el banco retendrá el resto de bienes disponibles. Así, el drama de una familia que ha perdido su piso se prolonga aún más. Una situación "insultante" que Lara exige al Gobierno que ataje.
IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido". Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito. Además, la federación demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.
Hacia los 100.000 desahucios
Lara se apoyó en los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que computó 51.975 ejecuciones hipotecarias de enero a junio de 2010, lo que hace suponer que la cifra llegará a los 100.000 en diciembre. De hecho, 2009 se cerró con 93.319 solicitudes de embargo, un 59% más que en 2008.
IU plantea otras medidas para "asegurar el derecho a la vivienda" que, como recordó el coordinador, consigna la Constitución en su artículo 47. Reclama que la fiscalía se persone en las causas de desahucio por impago de hipotecas cuando los afectados aporten indicios de irregularidades en los contratos hipotecarios. Para la federación, los jueces deberían actuar de oficio si observan fraudes en los mismos. Lara exige asimismo que se suspenda el embargo cuando "al menos uno de los miembros de la unidad familiar" esté sin trabajo.
Parados de larga duración
El plan de IU también busca combatir el paro de larga duración. Lara volvió a servirse de las cifras como muletas: según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2010, 1.970.300 ciudadanos llevan más de un año sin trabajo. De ellos, 834.400 acumulan 24 meses o más sin empleo.
El coordinador señaló que, como medida coyuntural, debería prorrogarse la ayuda de 426 euros para los que no tienen ya ninguna prestación. Mientras, debería ponerse en marcha un plan para que los parados trabajen en los ayuntamientos en tareas administrativas, de cuidado y vigilancia, de servicios a la comunidad, de mejora del habitat urbano o de reforma y mantenimiento de los servicios públicos, y al mismo tiempo reciban cursos de reciclaje. Cobrarían 700 euros durante seis meses. Supondría una inversión de 600 millones de euros por cada 100.000 plazas, pero IU calcula que retornarían a las arcas del Estado 220 millones en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Además, se liberarían 255 millones del programa de los 426 euros (PRODI).
"Queremos mostrar que son medidas menos costosas de lo que dice la derecha y son rentables fiscalmente", defendió Lara. Es decir, que IU tira de gasto, pero también vigila los ingresos.
JUANMA ROMERO / MADRID / DIARIO PÚBLICO - 06/11/2010
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