El Grupo Popular ha rechazado hoy en la Comisión Constitucional del Congreso la iniciativa de Izquierda Unida que perseguía poner fin a los privilegios económicos de los que sigue disfrutando la Iglesia Católica en nuestro país y abrir el camino para la autofinanciación de esta confesión religiosa.
El texto recogía los siguientes puntos por los que el Congreso instaba al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica.
2. Revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su homologación al sistema general, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
3. Revisar en ese plazo de adaptación el sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En una tendencia a su progresiva desaparición.
4. Recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.
Esta iniciativa se presenta “en un contexto de crisis” y también por la “evidencia real” que supone conocer que “la Iglesia Católica española es una de las grandes propietarias de inmuebles de todo tipo, acumulados durante una larga historia en nuestro país y, por tanto, una realidad que podríamos decir que está sobre la mesa de miles y miles de municipios de nuestro país”.
Estas propiedades no pagan impuestos, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En un contexto de crisis las administraciones públicas están colocando sobre la mesa el debate de esta exigencia tributaria con la Iglesia.
"Si no hacemos este debate ahora, sino lo abordamos por la puerta nos va a entrar por la ventana. Por tanto, lo mejor es coger el toro por los cuernos, analizar el debate, dialogar con esta iglesia propietaria y llegar a acuerdos entre las administraciones públicas y la Iglesia Católica de nuestro país”, comentó Nuet, encargado de la defensa de esta iniciativa.
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