La propuesta, que se debatirá hoy en el Congreso de los Diputados, exige reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción a través de la creación de una Oficina Nacional Antifraude que asuma la investigación del blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos a través de una "policía fiscal" integrada por unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades operativas de vigilancia aduanera.
Además, reclama que se apruebe una Ley Anticorrupción para potenciar los órganos jurisdiccionales encargados de su represión, elevando el número de efectivos de la Agencia Tributaria y eliminando de los Presupuestos Generales del Estado la limitación de oferta de empleo público que rige para Hacienda, lo que permitiría una mayor recaudación derivada de la lucha contra el fraude fiscal.
MAYOR CONTROL DE LOS PATRIMONIOS
Asimismo, plantea la creación de un régimen especial para los defraudadores, que permita su persecución concentrándose en los "grandes focos" de estas actividades, como los paraísos fiscales. Para esto, reclama que se refuerce el control del patrimonio de las personas físicas y jurídicas para detectar "incrementos no justificados" en el mismo.
La propuesta de IU recalca que diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 250.000 millones de euros, mientras que los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por la AEAT apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10% de los potenciales ingresos del fraude.
Además, reclama que se apruebe una Ley Anticorrupción para potenciar los órganos jurisdiccionales encargados de su represión, elevando el número de efectivos de la Agencia Tributaria y eliminando de los Presupuestos Generales del Estado la limitación de oferta de empleo público que rige para Hacienda, lo que permitiría una mayor recaudación derivada de la lucha contra el fraude fiscal.
MAYOR CONTROL DE LOS PATRIMONIOS
Asimismo, plantea la creación de un régimen especial para los defraudadores, que permita su persecución concentrándose en los "grandes focos" de estas actividades, como los paraísos fiscales. Para esto, reclama que se refuerce el control del patrimonio de las personas físicas y jurídicas para detectar "incrementos no justificados" en el mismo.
La propuesta de IU recalca que diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 250.000 millones de euros, mientras que los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por la AEAT apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10% de los potenciales ingresos del fraude.
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